El ayuntamiento de Colindres ha solicitado a varios propietarios el desbroce, mantenimiento y desratización de parcelas y fincas privadas del municipio. Este año, la campaña ha retrasado su fecha habitual de inicio a causa del estado de alarma derivado de la crisis sanitaria de la Covid- 19.
El confinamiento vivido durante las semanas de primavera propició que numerosas especies de nuestra fauna salvaje aprovechasen estos espacios, “libres de la amenaza humana” y protegidas por una espesa vegetación, al coincidir con su época de reproducción y cría.
Una vez finalizado el periodo de confinamiento y superada la fase más crítica para estas especies, el Ayuntamiento ha comunicado mediante requerimiento a los propietarios de 25 parcelas privadas sin edificar o fincas urbanas, su obligación de mantener sus terrenos y solares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal como se recoge en el Reglamento de Disciplina Urbanística y la Ley del Suelo de Cantabria.
Según ha indicado la Concejala de Medio Ambiente, Yolanda Arce, “es necesario que las propiedades privadas se mantengan en un estado óptimo, sobre todo aquellas que se encuentran en espacios urbanos. La mayoría de los propietarios responden de manera diligente a los requerimientos que les enviamos cada año”.
Así mismo, a algunas de las fincas con problemas de roedores, se les ha indicado la necesidad de desratización de las mismas. “Hay zonas donde las campañas de desratización de la vía pública no son suficientes, si las propiedades colindantes no hacen el control en su propiedad”, ha comentado Arce.
El plazo de ejecución de estas tareas de mantenimiento finaliza el próximo 15 de agosto y consistirán en el desbroce y limpieza, así como en la eliminación de bardales y vegetación variada que sobrevuelen la vía pública e interfieran en el tránsito de personas o vehículos o que dificulten la visibilidad u oculten señales de tráfico, luminarias del alumbrado público o diferentes elementos del mobiliario urbano, de las calles o caminos en general.
En caso de no atender al requerimiento del Ayuntamiento dentro de los plazos establecidos, se iniciarán los trámites pertinentes para proceder al acondicionamiento de las propiedades repercutiendo el coste de los trabajos a la propiedad. “En algunos de los casos hemos tenido que recurrir a los tribunales para solicitar permiso de acceso a las fincas y poder realizar los trabajos. En estos casos el coste siempre se le exige a la propiedad por los medios legales establecidos”, ha puntualizado Yolanda Arce.
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